2025: Desafíos macro, institucionales y políticos

Rodrigo Aravena

El balance del año próximo a finalizar es bastante claro: la economía quedó al debe en prácticamente todas sus dimensiones. En materia de PIB, el país habría crecido levemente por sobre un 2%, cifra que no solo es inferior al 2,7% esperado por el Ejecutivo hace un par de meses, sino que además nos dejaría creciendo alrededor de 1% el último bienio. Con ello, el año terminaría con menor crecimiento, sin mayor inversión y una inflación sobre lo esperado. Por tanto, si en algo debiese existir un consenso es que el resultado macroeconómico no fue un elemento a destacar de 2024.

Ad portas de 2025, es necesario ser realistas sobre la existencia de una serie de elementos que, de no ser abordados en forma correcta y con prontitud, generarían un resultado adverso. Podemos identificar temas en tres grandes áreas.

“Es crítico avanzar en condiciones que permitan reducir potenciales conflictos de interés y la injerencia del ciclo político en las inversiones de largo plazo”.

Debemos partir mencionando los desafíos propios del entorno macro, los cuales son relevantes no solo por el persistente debilitamiento que presenta la economía, sino también por los riesgos crecientes en los principales socios comerciales de Chile. Es fundamental que las reformas en discusión presten especial atención a elementos técnicos y de largo plazo, de forma tal que contribuyan a fortalecer las bases de desarrollo más que satisfacer intereses cortoplacistas. Es particularmente relevante el desenlace de la reforma de pensiones debido al impacto que pueden tener algunos de elementos, como los cambios en el ahorro sobre el mercado de capitales (y por ende sobre la inversión), potenciales alzas en costos laborales y su efecto sobre informalidad, y la eventual introducción de reparto en la sostenibilidad del sistema en largo plazo. En la misma línea, es necesario avanzar en más certeza en el ámbito tributario, que tiene una importancia creciente, sobre todo en inversión extranjera.

Una segunda área son los temas institucionales, que tienen efectos económicos de primer orden. Resulta evidente la necesidad de perfeccionar los mecanismos de evaluaciones y permisos en materia ambiental, lo que ha quedado aún más en evidencia tras las recientes noticias sobre el caso de la minera Dominga. En este contexto, es crítico avanzar en condiciones que permitan reducir potenciales conflictos de interés y la injerencia del ciclo político en las inversiones de largo plazo.

Por último, está el factor político, sobre todo en un año marcado por elecciones, que iniciarán un nuevo ciclo de gobernanza. Es necesario que se comience a trabajar, desde ya, en agendas que releven aspectos en los cuales tenemos brechas importantes, como el fortalecimiento en algunas instituciones, mejoras en el sistema político y una aproximación a las finanzas públicas desde el crecimiento, variable que ha sido la principal fuente de recaudación tributaria. Ya no tenemos espacio para seguir perdiendo competitividad.

Los últimos años hemos visto, de forma inequívoca, que el crecimiento está lejos de estar garantizado y que la calidad de las políticas es gravitante sobre los resultados macro. De otra forma, sería muy difícil explicar el desacople que ha presentado el país no solo con el resto del mundo, sino también con lo que veníamos mostrando en décadas previas. Para el corto plazo, no olvidemos que los riesgos en materia de crecimiento son reales, y que cada día parece más difícil incluso lograr un 2% en 2025.